El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para identificar y deportar a migrantes en situación irregular. Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el mandatario estableció dos prioridades: localizar a extranjeros involucrados en delitos e identificar a quienes permanecen en el país sin haber regularizado su situación migratoria. Con la idea de “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, adopta una postura política y administrativa de gran afectación contra poblaciones especialmente vulnerables.
Por varios años, el país desarrolló mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), concebido precisamente como una herramienta de regularización y de integración social y económica. La preocupación del anuncio no radica en que el Estado ejerza controles migratorios, pues Colombia tiene la facultad de regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras. El problema está en el enfoque, pues convierte la irregularidad administrativa migratoria en el punto de partida de una política de seguridad restrictiva y con duros tintes xenofóbicos que puede terminar tratando como amenaza a una población cuya situación administrativa, en muchos casos, está relacionada precisamente con las dificultades para acceder a los mecanismos de regularización.
La Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo han advertido que persisten barreras para la regularización y el acceso a derechos de la población migrante. En una decisión de 2026, la Corte señaló que el diseño del sistema colombiano puede producir exclusión de las personas en situación irregular y que las dificultades burocráticas de regularización terminan afectando, entre otros, el acceso a la salud. La Defensoría del Pueblo ha llegado a conclusiones similares al advertir que la población migrante y refugiada venezolana enfrenta barreras para acceder a documentación, salud y empleo, además de estar expuesta a explotación laboral, violencia, discriminación y xenofobia.
No tener papeles no significa ser una amenaza
Uno de los principales problemas de la nueva política es la proximidad discursiva entre migración irregular, inseguridad y delito. El Gobierno ha insistido en que los operativos tendrán como prioridad a los extranjeros que cometan delitos y que después se ocuparán de quienes no tengan regularizada su permanencia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que las operaciones no estarán dirigidas contra quienes tengan sus documentos en regla.
Pero esa distinción no resuelve el problema de fondo. La irregularidad migratoria es una condición administrativa, no una categoría criminal. Una persona puede encontrarse en situación irregular sin haber cometido delito alguno y por razones tan diversas como no haber podido acceder a un trámite, haber perdido un documento, no cumplir un requisito administrativo o haber quedado por fuera de los mecanismos extraordinarios de regularización.
“La irregularidad migratoria es una condición administrativa, no una categoría criminal”
La relación entre regularización y derechos fundamentales como salud, educación y trabajo es muy clave. Por eso, equiparar en el discurso a quienes delinquen con quienes simplemente no han regularizado su situación puede producir una consecuencia particularmente grave y es que la condición migratoria termine funcionando como un indicador de peligrosidad. Además, los datos disponibles no respaldan esa asociación como explicación general de la inseguridad.
Diferentes investigaciones han mostrado que, a pesar de que la percepción de que la llegada de esta población había deteriorado la seguridad, los índices delictivos del país no se vieron afectados de manera significativa por esta tendencia migratoria. Por ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz señaló que no era necesario establecer medidas de control específicas sobre la población venezolana para reducir el delito, sino desarrollar una política integral de seguridad ciudadana.
Esto no significa desconocer la existencia de ciudadanos venezolanos vinculados a actividades criminales. Significa algo mucho más básico, entender que la nacionalidad o la situación migratoria de una persona no permite explicar por sí misma el fenómeno de la criminalidad en Colombia que es tan complejo y protagonizado de manera muy preponderante por los mismos colombianos.
Utilizar a una población migrante como atajo para explicar problemas estructurales de seguridad supone, además, desplazar la discusión sobre las causas reales de la violencia y el delito. Colombia tiene una larga historia de criminalidad organizada, economías ilegales, desigualdad, presencia de grupos armados y debilidades institucionales. Convertir a los migrantes en una variable explicativa de esa realidad puede terminar siendo una forma de negarla, además de que ignora que la vulnerabilidad de muchas personas migrantes por el contrario las expone a ser víctimas directas de los grupos criminales y los actores armados.
De la xenofobia a la aporofobia
La nueva directriz migratoria que intenta implementar el gobierno De La Espriella también plantea una discusión sobre el tipo de migración que Colombia considera aceptable. La filósofa Adela Cortina acuñó el concepto de aporofobia para describir el rechazo hacia las personas pobres. Su aporte resulta especialmente pertinente para analizar los discursos contemporáneos sobre migración en gran parte del mundo, donde no todos los extranjeros son rechazados de la misma manera. La condición económica, el origen étnico y racial y la posición social pueden determinar quién es considerado un migrante deseable y quién es convertido en una amenaza.
Esta mirada permite complementar el concepto de xenofobia. El rechazo no necesariamente se dirige contra cualquier persona extranjera, sino contra determinados extranjeros: quienes llegan sin recursos, quienes necesitan protección, quienes trabajan en la informalidad o quienes atraviesan condiciones de vulnerabilidad.
La historia reciente de la migración venezolana en Colombia muestra precisamente esa transformación. Durante los primeros años de la migración también llegaron personas con recursos económicos y profesionales vinculadas, entre otros sectores, a la industria petrolera. Con el agravamiento de la crisis venezolana aumentó la llegada de personas con mayores necesidades económicas y sociales. La percepción sobre la migración cambió con ella. Por eso, una política que pone el foco en quienes están en situación irregular puede terminar afectando precisamente a quienes tienen menos capacidad para sortear las barreras institucionales y quedan a merced de más peligros para su integridad.
Los peligros y barreras que enfrentan las personas migrantes y refugiadas no solo ocurren en las fronteras, sino que se reproducen dentro de las sociedades mediante mecanismos que clasifican, excluyen y condicionan el acceso a derechos. Para las personas migrantes en situación irregular, una frontera puede estar presente en un trámite, en el acceso a un empleo, en un hospital o en el temor permanente a ser detenidas y deportadas, como ahora lo quiere establecer Abelardo de La Espriella.
Una política de seguridad no debería reemplazar una política migratoria
A corte de junio de 2026, Migración Colombia registraba 2.845.791 personas provenientes de Venezuela en el país. La magnitud de esta población hace evidente que Colombia no está frente a un fenómeno coyuntural que pueda resolverse únicamente mediante operativos policiales.
Además, el país ya ha construido una arquitectura institucional para abordar esta realidad. La Corte Constitucional ha reconocido que el ETPV y el Permiso por Protección Temporal constituyeron instrumentos centrales para regularizar a la población venezolana e integrarla a la sociedad colombiana.
De hecho, organizaciones especializadas en derechos de las personas migrantes ya habían advertido que ante posibles nuevos flujos provenientes de Venezuela, Colombia debía ampliar y flexibilizar los procesos de regularización, destrabar el sistema de refugio y protección internacional y fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.
El contraste es evidente. Mientras el análisis especializado plantea que la regularización es una herramienta para reducir vulnerabilidades y favorecer la integración, el nuevo Gobierno parece colocar la irregularidad en el centro de una estrategia de control.
A esto se suma la designación de José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, como director de Migración Colombia, después del anuncio presidencial. Castañeda desarrolló buena parte de su carrera en la Policía y tuvo experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales. Su perfil plantea interrogantes sobre el enfoque que tendrá una entidad cuya labor no se limita a la seguridad, pues Migración Colombia administra procesos de ingreso, permanencia, regularización y salida del país y debe hacerlo en coordinación con una arquitectura institucional de protección de derechos.
El nombramiento adquiere mayor relevancia por el momento político en que ocurre. El Gobierno de De la Espriella ha expresado su cercanía con la política de Donald Trump y ha anunciado un enfoque de seguridad particularmente duro. El riesgo es que la migración termine incorporada a esa misma lógica de identificar un enemigo externo, asociarlo con la inseguridad y responder mediante la expulsión.
El problema no es controlar las fronteras, sino cómo se hace
Colombia tiene derecho a establecer reglas migratorias, así como a investigar y sancionar a cualquier persona que cometa delitos. Sin embargo, una condición de irregularidad administrativa por no tener acceso a los documentos que establece el país de destino no puede convertirse en sinónimo de criminalidad. La deportación no puede ser presentada como una respuesta automática a la falta de un trámite burocrático. Asimismo, la seguridad ciudadana no debería construirse sobre la estigmatización de una población completa.
El país ha acumulado más de una década de experiencia en la gestión de la migración venezolana. Esa experiencia no ha sido perfecta, pues existen fallas de implementación, barreras administrativas y personas que siguen sin acceder plenamente a mecanismos de regularización. Pero precisamente por eso el desafío debería ser fortalecer las herramientas existentes, no abandonar el enfoque de integración para reemplazarlo por uno basado principalmente en persecución y expulsión.
La paradoja política del presidente es difícil de ignorar en este momento. De La Espriella tiene tres nacionalidades (colombiana, italiana y estadounidense), ha ejercido derechos y construido parte de su trayectoria gracias a vivir en distintos países. Esa experiencia de movilidad no convierte a nadie automáticamente en defensor de la migración, pero sí hace inevitable una pregunta sobre el criterio con el que se decide quién puede cruzar fronteras, establecerse y construir una vida en otro país.
Colombia tiene derecho a gestionar sus fronteras, investigar delitos y establecer reglas migratorias. Pero una política migratoria democrática debe distinguir entre criminalidad e irregularidad administrativa. Después de más de una década de construir mecanismos de regularización e integración para la población venezolana, el giro de De la Espriella corre el riesgo de reemplazar ese enfoque por uno basado principalmente en el control, la persecución y la expulsión.
El problema no es que Colombia controle sus fronteras, sino que convierta en amenaza a quienes las cruzan en condiciones de vulnerabilidad.
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