La disputa judicial entre Bad Bunny y su expareja Carliz De La Cruz Hernández sumó un nuevo capítulo luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolviera que la demanda presentada por la abogada podrá seguir su curso, al considerar que existen elementos suficientes para que varias de sus reclamaciones sean analizadas en el proceso.
La decisión, conocida esta semana y divulgada por Billboard, no representa una condena contra el artista puertorriqueño ni determina que haya incurrido en alguna conducta ilegal. Sin embargo, sí confirma que parte de las acusaciones presentadas por De La Cruz Hernández continúan vigentes y deberán ser discutidas en los tribunales.
El litigio se centra en la utilización de la frase «Bad Bunny baby», un audio que, según la demandante, grabó en 2015 a petición de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, cuando ambos sostenían una relación sentimental.
Años después, esa grabación terminó formando parte de la canción «Dos Mil 16», incluida en el exitoso álbum Un Verano Sin Ti. De acuerdo con la demanda, el mismo audio también fue utilizado anteriormente en «Pa Ti», además de diferentes presentaciones y contenidos promocionales, sin que existiera una autorización para su explotación comercial ni una compensación económica.
Tribunal mantiene viva parte de la demanda
En su decisión, el máximo tribunal puertorriqueño confirmó que las reclamaciones relacionadas con «Dos Mil 16» pueden continuar, mientras que descartó las referentes a «Pa Ti» al considerar que fueron presentadas fuera del tiempo permitido por la ley.
Los magistrados respaldaron el criterio adoptado previamente por tribunales inferiores respecto a que la voz de De La Cruz Hernández pudo haber tenido un uso con fines comerciales dentro del lanzamiento del álbum.
En la sentencia, el Tribunal sostuvo: “No erraron al determinar suficientes los hechos presentados sobre la explotación comercial o mercantil de la voz de la señora De la Cruz Hernández para atraer la atención sobre el bien en cuestión o para informar al público de este a través de los medios de comunicación”.
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Uno de los aspectos analizados durante el proceso fue que la circulación del fragmento de audio en redes sociales habría despertado el interés de los seguidores sobre una posible referencia a la antigua relación entre ambos, situación que, según decisiones judiciales previas, pudo favorecer la promoción del álbum.
También revivieron reclamaciones por derechos de autor
Además del debate sobre el denominado derecho de publicidad, el Tribunal Supremo revocó una decisión previa que había desestimado las reclamaciones por derechos de autor relacionadas con la grabación de voz.
Al explicar esa determinación, el juez Pabón Charneco escribió: “En tanto esa prestación con su voz sea fijada en un medio tangible, reconocemos que pueden germinar derechos de autor sobre la grabación”.
Asimismo, agregó: “La señora De la Cruz Hernández reclamó en su Demanda que se utilizó indebidamente la grabación de su interpretación personal, distinguible e incomparable de la frase y que fue utilizada sin la debida atribución. Por lo tanto, concluimos que la demandante ha presentado hechos suficientes para ofrecer en su día la prueba que justifique este reclamo”.
No todos los integrantes del alto tribunal compartieron esa postura. El juez Ángel Colón Pérez emitió un voto disidente en el que afirmó: “Nos parece claro que, en el contexto del presente litigio, ninguna de las causas de acción invocadas por la señora De La Cruz Hernández resulta jurídicamente procedente, bajo cualquier derecho positivo disponible en nuestra jurisdicción”.
Según ha informado TMZ, la demanda también plantea reclamaciones por el presunto uso no autorizado de la voz, vulneración de derechos de imagen y daños derivados de la explotación comercial de la grabación. La abogada solicita una indemnización superior a 40 millones de dólares.
Hasta el momento, Bad Bunny y sus representantes no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la reciente decisión judicial. Mientras tanto, el proceso continuará en los tribunales de Puerto Rico, donde se definirá si existió un uso indebido de la grabación y si las reclamaciones de la demandante tienen fundamento legal.
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