El caso de las dos mujeres que acusan a Julio Iglesias (82 años) de presuntos abusos sexuales y explotación laboral vuelve a dar un giro. Después de intentar abrir una vía en España, las extrabajadoras del cantante han dado ahora un paso mucho más lejos: Women’s Link Worldwide ha acudido a Naciones Unidas para pedir ayuda y medidas de protección ante el «temor a represalias» que, según trasladan, sienten las denunciantes.Rebeca y Laura —los nombres ficticios que han elegido para proteger su identidad— aseguran que los hechos que denuncian se produjeron en 2021, durante el tiempo que trabajaron en las residencias que Julio Iglesias tiene en Bahamas y República Dominicana. Su caso ya fue archivado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero ellas no han dado por terminada su batalla.El pasado 3 de septiembre volvieron a mover ficha en España con una nueva querella y, ahora, Women’s Link ha llevado sus preocupaciones ante seis mecanismos especiales de Naciones Unidas. La petición tiene un objetivo muy concreto: que se valore su situación y que se adopten medidas para protegerlas a ellas, a sus familias y a posibles testigos.Dos mujeres que no quieren dar un paso atrásLa historia de ambas comenzó a salir a la luz a principios de este año, cuando ambas acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para denunciar lo que, según sus testimonios, habrían vivido mientras trabajaban para Julio Iglesias. Los hechos denunciados se remontan a 2021 y habrían ocurrido fuera de España.La Fiscalía archivó la denuncia el 23 de enero al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar unos hechos ocurridos en el extranjero. Sin embargo, las dos mujeres volvieron a presentar una querella el pasado 3 de septiembre. Ahora, su representación jurídica ha decidido llamar a otra puerta: la de Naciones Unidas.Women’s Link considera especialmente preocupante la situación en la que se encuentran las denunciantes y pone el foco en su condición de mujeres migrantes y trabajadoras del hogar. La organización sostiene que sus circunstancias económicas, migratorias y raciales no deberían convertirse en una barrera para poder ser escuchadas.El miedo a las represalias, en el centro de la peticiónEs precisamente el temor que aseguran sentir lo que ha llevado a Women’s Link a solicitar una respuesta internacional. La organización quiere que se establezcan «medidas urgentes de protección» para Rebeca y Laura, pero también para las personas de su entorno y quienes puedan aportar su testimonio sobre lo sucedido.Desde la ONG consideran que la situación resulta especialmente delicada por la diferencia de poder entre las denunciantes y el cantante. En su escrito hablan de «la gravedad de los hechos denunciados, la posición de poder económico y social del querellado, así como la actual falta de protección del Estado» como factores que aumentarían su vulnerabilidad.La petición ha llegado a seis mecanismos especiales de Naciones Unidas, entre ellos la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas. Women’s Link quiere que estos organismos pidan explicaciones al Gobierno español sobre cómo piensa garantizar que el caso pueda ser investigado de manera «efectiva e independiente».La respuesta de Julio IglesiasMientras las dos extrabajadoras continúan adelante con sus acciones, desde el entorno de Julio Iglesias mantienen que no han recibido una comunicación formal sobre la nueva querella. Su abogado, José Antonio Choclán, ya se pronunció la semana pasada sobre el asunto en declaraciones a ‘Europa Press’.El letrado aseguró que no tenían «noticia formal» de que se hubiera presentado la querella. Y recordó el archivo anterior por falta de jurisdicción española: «En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más», zanjó.De momento, por tanto, la denuncia continúa rodeada de incertidumbre mientras las dos mujeres intentan que su caso no quede cerrado. Después de acudir a la Fiscalía, volver a los tribunales españoles y encontrarse con el límite de la jurisdicción, su defensa ha decidido ahora recurrir a Naciones Unidas.Una batalla que ya traspasa las fronteras de EspañaWomen’s Link recuerda que no sería la primera ocasión en la que un organismo internacional cuestiona la actuación de España ante casos relacionados con mujeres en situación de especial vulnerabilidad. La organización menciona la resolución de 2014 del Comité de la CEDAW sobre el caso de Ángela González Carreño y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de octubre de 2024.Pero para Rebeca y Laura, el nuevo movimiento tiene una dimensión mucho más personal: conseguir protección mientras intentan que se investiguen los hechos que denuncian. Por eso la palabra que más peso tiene ahora en su caso no es una cuestión de procedimiento, sino el miedo que han trasladado a quienes las representan: «temor a represalias».La intervención de Naciones Unidas todavía no supone que se haya determinado ninguna responsabilidad por parte de Julio Iglesias ni que los hechos denunciados hayan sido probados. Sí abre, sin embargo, un nuevo escenario para dos mujeres que, después de varios meses de recorrido judicial en España, han decidido llevar su historia hasta un organismo internacional.

Marius Borg Høiby (29 años) vuelve a quedar en el foco mediático apenas un día después de haber acompañado a su familia en el funeral de Estado del Rey Harald V . El Tribunal de Apelación de Borgarting admitió el recurso presentado por su defensa contra la condena de cuatro años de prisión que recibió el pasado junio.La resolución supone que los delitos más graves por los que fue condenado volverán a examinarse en una nueva vista oral. No se tratará únicamente de comprobar si existieron errores jurídicos en la primera sentencia: el tribunal revisará de nuevo las acusaciones de violación y maltrato en relaciones cercanas que forman parte del recurso presentado por sus abogados.La Fiscalía se había opuesto a que la apelación siguiera adelante en estos términos. Ahora, sin embargo, la Justicia noruega ha dado luz verde a un nuevo proceso que se prolongará durante al menos cuatro semanas y que volverá a colocar el caso del hijo de la reina Mette-Marit bajo el foco público.La defensa consigue llevar el caso a una nueva vistaLa decisión del Tribunal de Apelación de Borgarting supone un importante revés para la Fiscalía, que consideraba que no era necesario volver a celebrar un juicio completo. La defensa de Marius había recurrido la condena y reclamaba que se revisaran de nuevo las pruebas y la valoración realizada en primera instancia.Petar Sekulic, abogado de Høiby, ha recibido la decisión como un resultado esperado. «Como era de esperar, se ha aceptado la apelación en su totalidad», ha declarado a la cadena pública noruega NRK.El letrado considera que el tribunal ha tomado una posición distinta a la defendida por el Ministerio Público respecto a la solidez de las pruebas. «En este caso, el Tribunal de Apelación claramente no ha estado de acuerdo con la valoración que la fiscalía hace de las pruebas en cuanto a si debe admitirse o no la apelación, y por lo tanto ha permitido que la apelación siga adelante», explicó.El fiscal del caso, Sturla Henriksbø, ha confirmado que la nueva vista partirá prácticamente del mismo material probatorio que ya se examinó en el primer proceso. «Se celebrará una nueva vista del caso basándose prácticamente en las mismas pruebas que se presentaron ante el tribunal de distrito en relación con estos asuntos, y que sirvieron de base para la condena dictada por dicho tribunal», señaló.De cuatro años de prisión a un nuevo juicioLa decisión afecta a una parte de la condena dictada contra Marius el pasado junio. El Tribunal del Distrito de Oslo le impuso cuatro años de cárcel después de declararle culpable de 34 de los 39 delitos por los que había sido acusado, entre ellos dos casos de violación y delitos relacionados con violencia y amenazas.La sentencia también estableció indemnizaciones para varias de las personas afectadas. Con la admisión del recurso, la sala de apelación volverá a estudiar los aspectos recurridos y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la responsabilidad penal de Marius y las consecuencias económicas asociadas a los hechos.Por ahora, no existe una fecha concreta para el comienzo de las sesiones. El Tribunal de Apelación ha anunciado que comenzará los preparativos para organizar una vista que está previsto que se prolongue durante unas cuatro semanas.Mientras tanto, Marius continuará sometido al régimen de arresto domiciliario con control electrónico en Skaugum. Su situación se mantiene bajo las condiciones establecidas por la Justicia y sus salidas están limitadas a los supuestos autorizados.GtresSolo un día después de despedir al Rey HaraldEl momento elegido por el calendario judicial añade un elemento especialmente delicado para la familia real noruega. Apenas 24 horas antes de conocerse la decisión, Marius había acudido al funeral de Estado de su abuelo, celebrado en la catedral de Oslo.Su presencia en las exequias había sido autorizada dentro del régimen de arresto domiciliario que cumple actualmente. El hijo de Mette-Marit pudo así acompañar a su madre y al resto de la familia en la despedida del monarca, antes de regresar a las condiciones impuestas por la Justicia.La imagen de Marius junto a los miembros de la Casa Real durante una ceremonia de tanta relevancia institucional se produjo en un momento especialmente sensible. El fallecimiento de Harald V ha abierto una nueva etapa para la monarquía noruega, con Haakon al frente y Mette-Marit convertida en reina consorte.Ahora, la decisión del Tribunal de Apelación devuelve inmediatamente la atención al proceso judicial que desde hace meses mantiene a Marius bajo un enorme escrutinio.La causa que vuelve a poner a Marius bajo el focoEl primer juicio se convirtió en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años en Noruega. La vista se prolongó durante siete semanas y obligó a la Casa Real a gestionar un caso que afecta directamente al hijo de la nueva reina, aunque la institución ha procurado mantenerse al margen del procedimiento.Durante aquella etapa, la situación personal de Mette-Marit también apareció vinculada al proceso. Sus problemas de salud fueron utilizados por la defensa para solicitar determinadas condiciones de cumplimiento de la prisión preventiva, incluido el traslado desde la prisión de Oslo a la finca de Skaugum.La nueva vista volverá a colocar todos estos elementos en la conversación pública. La defensa tendrá ahora la oportunidad de plantear nuevamente sus argumentos ante la sala de apelación, mientras la Fiscalía defenderá las conclusiones alcanzadas en el procedimiento inicial.Por el momento, Marius sigue sin recuperar su libertad plena y tampoco existe una fecha definitiva para el nuevo juicio. Lo que sí ha cambiado es el escenario judicial: el caso no queda cerrado con la sentencia de junio y tendrá que volver a ser examinado por un tribunal. Y lo hará justo cuando la monarquía noruega comienza una nueva etapa tras la muerte de Harald V.

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