George W. Bush dejó de jugar al golf mientras era presidente durante la guerra de Irak. El presidente Donald Trump no piensa hacer lo mismo en medio de la guerra con Irán, describiendo sus ocasionales salidas al golf como un breve respiro de las presiones de ser comandante en jefe.
«Es una forma de relajación», dijo a NBC News en una entrevista telefónica el martes. «Es un poco de ejercicio, y te distrae un par de horas».
Un mes después del inicio de la guerra, Estados Unidos ha «diezmado» al ejército iraní y ha impulsado un liderazgo «mucho más razonable» y menos «radicalizado» que el anterior, añadió el presidente.
«Lo estamos haciendo muy bien», dijo Trump. «Y esto está llegando a su fin».
Al mismo tiempo, los estadounidenses se ven afectados de diversas maneras. El cierre del Departamento de Seguridad Nacional ha provocado largas filas de pasajeros en los aeropuertos, mientras que los automovilistas pagan precios más altos en las gasolineras. Trece militares estadounidenses han muerto, y otros dos fallecieron por causas ajenas al combate, en la guerra con Irán.
Sin embargo, se observa poca alteración en la vida de los legisladores cuyas acciones —o inacciones en algunos casos— han generado estrés entre los estadounidenses que viven con las consecuencias de las decisiones de Washington.
El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, quien instó a Trump a iniciar la guerra contra Irán, junto con sus colegas del Capitolio, abandonó Washington D.C. la semana pasada. Quedó pendiente la resolución del financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), parcialmente cerrado, lo que dejó a los empleados de la TSA sin sueldo y provocó largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos. Graham ha sido duramente criticado tanto por la izquierda como por la derecha por unas fotos suyas en la casa de Mickey Mouse.
«¿Qué tal Disney World?», publicó Sean Davis, director ejecutivo del medio conservador The Federalist, en respuesta a un tuit de Graham. «¿Te divertiste en tus vacaciones solo después de salir de la ciudad mientras los estadounidenses estaban varados en los aeropuertos?». (Seguir leyendo…)
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La República Dominicana es el tercer país con los precios de combustibles más elevados en el bloque regional de Centroamérica, con un costo de US$ 5.08 (305.10 pesos) para la gasolina premium y US$ 4.78 (287.50 pesos) para la regular. El país solo es superado por Belice y Costa Rica. (Seguir leyendo…)
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Santo Domingo.- Los abogados de la joven Charlizze Hernández Monegro informaron que mañana miércoles 1 de abril depositarán una querella contra el coronel Fausto Made Ramírez, miembro de la Policía Nacional, a quien señalan como el presunto responsable de una agresión física, verbal y psicológica ocurrida el pasado lunes 29 de marzo en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. (Seguir leyendo…)
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“Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”, escribió Machado en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía del encuentro en el Departamento de Estado. (Seguir leyendo…)
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Las películas de Netflix parecen especialmente interesantes este abril, pero la plataforma de video en streaming también tiene mucho que ofrecer en cuanto a series, documentales y especiales. (Seguir leyendo…)
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Sant Domingo.- El bachatero Frank Reyes, conocido como “El príncipe de la bachata”, compartió a través de su cuenta de Instagram un video desde un gimnasio, donde motivó a sus seguidores a cuidar su salud y mantenerse físicamente activos.
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Santo Domingo.- La defensa del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez retiró ante el tribunal la solicitud de devolución de RD$7,800,000 decomisado durante un acuerdo con el Ministerio Público en el caso de presunta corrupción liderada por militares que presuntamente estafó al Estado con miles de millones de pesos. (Seguir leyendo…)
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Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público valoró la lucha que llevan a cabo contra la corrupción administrativa y advirtió que “el Ministerio Público no tiene compromiso con la impunidad”.
“Nosotros no tenemos compromiso con la impunidad y vamos a perseguir la corrupción sin importar el tipo de corrupción que se presente o las personas que se involucren”, expresó.
En ese mismo orden, agregó “los actos de corrupción siempre van a recibir las respuestas, y una respuesta contundente del Ministerio Público, que es la instrucción directa de la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y que es el accionar al que nos hemos acostumbrado nosotros durante toda la vida que hemos tenido en el Ministerio Público”.
Al responder preguntas de los periodistas sobre la actuación del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación, dijo que es un acto repugnante.
“Lo primero que quiero indicar es que para nosotros este acto que se juzga en este proceso es repugnante, indignante e inaceptable. Nosotros vamos a actuar con la misma firmeza que nos ha caracterizado siempre”, manifestó.
Sobre el caso, el representante del Ministerio Público dijo que la audiencia fue aplazada para el próximo martes a las 2:00 de la tarde, luego de que la defensa solicitara al tribunal su aplazamiento para conocer de las piezas y las pruebas de este proceso. Inicialmente la audiencia estaba programada para conocerse el lunes 30 de marzo.
Con relación a alegatos de la defensa del imputado, Camacho dijo: “yo creo que nosotros tenemos la suficiente inteligencia como para no ir en contra de nuestros propios procesos, pero, también, tenemos la suficiente entereza como para perseguir los casos de corrupción independientemente de quien lo haya cometido como he indicado”.
Precisó “ha sido la propia defensa que ha pedido al tribunal el aplazamiento para conocer las piezas del proceso y esas evidencias que están en el proceso yo les puedo asegurar en este momento que son evidencias irrefutables”.
Camacho fue entrevistado por los periodistas a la salida de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza de la Instrucción Especial Ysis B. Muñiz Almonte, conoce la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra el fiscal Valdez Alcántara.
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El COE recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos niveles de agua, así como abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta. Además, instó a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias frente a posibles crecidas e inundaciones. (Seguir leyendo…)
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A solicitud del Ministerio Público, los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revocaron la decisión que declaró la extinción penal del proceso seguido contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Fiscalía de La Vega, representada por su titular Aura Luz García Martínez, y el fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, presentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia Núm. 212-03-2025-SSEN-00062, de fecha nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Julissa Candelario Victoriano y Carmen Miladys Sánchez.
La sentencia revocada favorecía a Miguel Arturo López Florencio (Micky López), José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, y a Ada María Pilarte de Inoa, así como a las empresas Inmobiliarias Gloria Ivette S.R.L., Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L., Auto Crédito Selecto S.R.L. y Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, citó: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
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