Después de tres décadas sin respuestas definitivas sobre la muerte de Tupac Shakur, finalmente hay un nombre señalado como responsable del asesinato del ícono del hip hop: Duane “Keffe D” Davis.
Este lunes, un jurado de Las Vegas declaró culpable a Davis, de 63 años y exlíder de la pandilla South Side Compton Crips. Su participación fue clave en el asesinato de Tupac al desempeñarse como el “comandante en el terreno” que coordinó el ataque contra el artista, perpetrado desde un vehículo en movimiento. El juicio se prolongó durante dos semanas. Según la acusación, Davis buscaba vengarse de Tupac después de que el rapero se involucrara en una disputa con Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis.
Este proceso judicial pone fin a una era marcada por las disputas y a uno de los episodios más trágicos e históricos de la música. “Hemos esperado 30 años para poder hacer el duelo como es debido”, declaró Zayd Akinyela, primo de Shakur, ante los medios que aguardaban a las afueras del tribunal durante el desarrollo del juicio.
La muerte de Shakur en 1996 se convirtió en uno de los episodios más polémicos y comentados de la historia de la música. A sus 25 años, el artista había alcanzado una cima musical que pocos músicos consiguen a lo largo de sus carreras. En vida, su último álbum de estudio fue All Eyez on Me, un éxito que vendió millones de copias y que, hasta hoy, permanece como una de las grandes referencias del hip hop para nuevas generaciones que consideran a Shakur una figura intocable del género. Tras su muerte, se publicaron numerosos materiales póstumos que han contribuido a preservar su legado y rendir homenaje a su vida y trayectoria.
Fue el 7 de septiembre de 1996 cuando Tupac Shakur se encontraba en Las Vegas para asistir a la pelea de Mike Tyson en el MGM Grand. Después del combate, el rapero se dirigía a una fiesta para celebrar el evento junto a Marion “Suge” Knight, fundador de Death Row Records. Mientras circulaban por la ciudad, el vehículo en el que viajaban se detuvo en un semáforo. En ese momento, un Cadillac se colocó a su lado y varios sujetos abrieron fuego contra Shakur. El artista recibió múltiples impactos de bala y, tras permanecer varios días hospitalizado, falleció el 13 de septiembre de 1996 a consecuencia de las heridas.
En su momento, la policía de Las Vegas fue duramente criticada por la falta de avances en la investigación y por no haber realizado ninguna detención relacionada con el asesinato de Shakur. Durante años, las respuestas y evidencias oficiales fueron escasas, hasta que en 2019 Davis publicó sus memorias, en las que abordó su participación en el ataque que terminó con la vida de Tupac. Se trata de Compton Street Legend, un libro que se sumó a las declaraciones que Davis había ofrecido previamente a distintos medios, incluida una entrevista de 2008 en la que habló sobre el tiroteo en el que murió Shakur.
“No se intercambiaron palabras, el tiempo para hablar había pasado, ¡la cosa se puso fea! Tupac hizo un movimiento errático y empezó a meter la mano debajo de su asiento. Fue la primera y única vez en mi vida que entendí la orden policial de ‘Mantenga las manos donde pueda verlas’. En lugar de eso, Pac sacó un arma, y ahí fue cuando empezó el tiroteo. Uno de mis hombres del asiento trasero agarró la Glock y empezó a disparar”, escribió.
Según el fiscal, si Davis no hubiera escrito sus memorias, el asesinato de Shakur quizá nunca habría llegado a los tribunales, incluso tres décadas después de los hechos. “Si hubiera decidido no escribir nunca el libro, probablemente nunca habría sido procesado por este delito”, afirmó el fiscal Marc DiGiacomo.
El juez fijó la fecha de la sentencia para el próximo 13 de octubre.
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La idea de que una empresa comprara libros para digitalizarlos y luego destruirlos, todo con el objetivo de entrenar un modelo de inteligencia artificial, hace algunos años parecía exclusiva de Terminator y otras obras de ciencia ficción. Sin embargo, hoy ese proceso se lleva a cabo ante la mirada del mundo.
Hablamos del “Proyecto Panamá”. Y quién mejor que el propio Anthropic, el gigante tecnológico estadounidense detrás de la operación, para explicarlo: “El Proyecto Panamá es nuestro esfuerzo para escanear de forma destructiva todos los libros del mundo”, indicaba uno de los documentos revelados en exclusiva por The Washington Post tras un histórico proceso judicial en el que un grupo de escritores demandó a la empresa por utilizar libros pirateados para entrenar a Claude, su chatbot de IA.
Más adelante, el documento filtrado era todavía más explícito sobre el carácter reservado de la operación: “no queremos que se sepa que estamos trabajando en esto”.
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La historia del Proyecto Panamá, sin embargo, comienza mucho antes de que el nombre de la operación apareciera en documentos judiciales. Para entender por qué Anthropic llegó a gastar decenas de millones de dólares en comprar libros usados, desarmarlos y convertirlos en archivos digitales, primero hay que mirar hacia el conflicto que puso a la compañía frente a los tribunales.
En 2024, un grupo de escritores presentó una demanda colectiva contra la empresa. Entre los demandantes estaban la novelista Andrea Bartz y los autores de no ficción Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson, quienes acusaron a la empresa de utilizar copias pirateadas de sus libros para entrenar a Claude. El problema no era solamente que las obras hubieran sido utilizadas para desarrollar el chatbot, sino la forma en que Anthropic había conseguido buena parte de ese material.
Durante el proceso judicial salió a la luz que la compañía había descargado más de siete millones de libros procedentes de repositorios piratas y los había almacenado en una suerte de biblioteca central. La empresa argumentó que el uso de esas obras para entrenar sus modelos constituía fair use, es decir, un uso legítimo de material protegido por derechos de autor bajo la legislación estadounidense.
El juez William Alsup aceptó parte de ese argumento: consideró que utilizar los libros para entrenar a Claude era un uso transformador y, por tanto, podía estar protegido por la doctrina del uso justo.
Pero había una diferencia fundamental. El tribunal no consideró legítimo que Anthropic hubiera creado y conservado su enorme colección digital a partir de copias pirateadas. En otras palabras, una cosa era lo que la compañía hacía con los libros después de incorporarlos al proceso de entrenamiento y otra muy distinta la manera en que había obtenido algunos de ellos.
El caso terminó en septiembre de 2025 con un acuerdo por aproximadamente 1.500 millones de dólares, una cifra que convirtió la disputa en el mayor acuerdo relacionado con derechos de autor de la historia hasta ese momento. Anthropic no admitió responsabilidad, pero aceptó compensar a los autores y destruir las copias pirateadas que todavía conservaba.
Paradójicamente, el mismo proceso judicial que obligó a Anthropic a desprenderse de parte de su biblioteca terminó revelando otra estrategia mucho más ambiciosa. Mientras la empresa se defendía de las acusaciones por utilizar libros obtenidos ilegalmente, también había comenzado a buscar una forma de conseguir enormes cantidades de libros de manera legal. Ahí entra el Proyecto Panamá.
De acuerdo con los documentos judiciales revelados posteriormente, a comienzos de 2024 Anthropic puso en marcha una operación destinada a comprar grandes cantidades de libros físicos, cortar su lomo, seleccionar sus páginas una a una y escanearlas a gran velocidad. Los ejemplares originales eran posteriormente enviados al reciclaje.
La lógica detrás de la operación era sencilla, aunque su escala resulta difícil de dimensionar. Los modelos de lenguaje necesitan cantidades enormes de información para aprender a producir texto. Cuanto más sofisticados se vuelven estos sistemas, mayor es la presión sobre las compañías para encontrar nuevos datos con los que entrenarlos.
El problema es que internet no es una fuente infinita de material nuevo y de alta calidad. Las compañías de inteligencia artificial ya han rastreado enormes porciones de la información disponible públicamente y, al mismo tiempo, la propia expansión de la IA ha comenzado a llenar la web de textos generados por modelos. Esto alimenta una preocupación cada vez mayor dentro de la industria: que los nuevos sistemas terminen entrenándose con contenido producido por otros sistemas, en un círculo que puede degradar la calidad de los datos utilizados para entrenarlos. Una clase de “endogamia digital” o algo así.
Ahí es donde aparecen los libros, que tienen una ventaja frente a buena parte del contenido disponible en internet: son textos producidos, editados y revisados por seres humanos, generalmente con una estructura y una calidad muy superiores a la de grandes cantidades de contenido encontrado en la web. Anthropic comenzó entonces a comprar ejemplares físicos en grandes cantidades.
Medios como la BBC o DW han documentado casos de librerías de segunda mano y anticuarios que, de un momento a otro, comenzaron a recibir pedidos inusuales de libros raros, descatalogados y muy específicos. En algunos casos, las solicitudes llegaban con diferencias de apenas una hora o incluso menos, un patrón que terminó llamando la atención de los vendedores.
Según los documentos revisados por The Washington Post, la compañía llegó a gastar decenas de millones de dólares en la adquisición de potencialmente millones de libros. Los ejemplares físicos dejaban de existir en el proceso, pero su contenido pasaba a formar parte de una biblioteca digital mucho más útil para alimentar sus modelos de inteligencia artificial.
La estrategia tenía además una ventaja jurídica. En la resolución original de junio de 2025, el juez Alsup determinó que el uso de libros adquiridos legalmente para entrenar los modelos de Anthropic estaba protegido por la doctrina del uso justo, mascando una clara diferencia con el material obtenido de manera ilegal.
Para muchos expertos, la situación resulta alarmante. Aunque todavía no se puede afirmar con certeza que entre los libros adquiridos para estas operaciones haya primeras ediciones o ejemplares de un valor histórico excepcional, parece que no estamos demasiado lejos de ese escenario. La decisión de la justicia estadounidense sobre los libros adquiridos legalmente establece un precedente importante para la industria tecnológica y abre la puerta a que otras compañías recurran a estrategias similares para alimentar sus modelos de inteligencia artificial.
Por ahora, las compras parecen concentrarse principalmente en libros especializados, académicos y de difícil acceso. Pero, ¿qué ocurrirá cuando ese material también empiece a escasear? La carrera por conseguir nuevos datos podría llevar a las compañías a buscar obras cada vez más antiguas, raras y valiosas, incluyendo primeras ediciones y ejemplares que no solo contienen información, sino que también forman parte del patrimonio cultural de generaciones enteras.
El Proyecto Panamá deja así una pregunta que va mucho más allá de Anthropic: ¿cuánto de nuestro patrimonio estamos dispuestos a convertir en combustible para la inteligencia artificial?
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Olivia Rodrigo reveló en su set de Daisy Chain Fields que la filántropa Melinda French Gates había duplicado la donación de 10 millones de dólares que la cantante había hecho a organizaciones sin ánimo de lucro que benefician a mujeres y niñas, elevándola a 20 millones de dólares.
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Antes del festival de inauguración en Irvine, California, la cantante anunció que todo el dinero recaudado por “cada persona que compró una entrada, cada artista que renunció a sus honorarios, cada patrocinador que se sumó a un festival completamente nuevo y cada donación que ayudó a alcanzar los 10 millones de dólares para apoyar a las mujeres y las niñas” sería destinado a 10 organizaciones.
La empresaria apareció junto a Rodrigo en la tarima el sábado pasado para revelar que, junto a Pivotal, un grupo de organizaciones que la benefactora fundó para acelerar el progreso social para las mujeres y jóvenes, aportaría diez millones más para doblar la donación.
“Olivia Rodrigo es una fuerza. Lo que Daisy Chain Fields puso en marcha perdurará mucho más allá de una sola noche al crear oportunidades para las mujeres y niñas del mundo, y demostrarle a una nueva generación lo mucho que importan sus voces. Estoy muy orgullosa de apoyar la visión de Olivia”, dijo en un comunicado.
La superestrella añadió: “Daisy Chain Fields trata sobre lo que puede suceder cuando nos unimos y usamos nuestro poder colectivo para apoyarnos mutuamente. Estoy muy agradecida con Melinda y Pivotal por creer en esta misión y por duplicar su impacto. Me emociona, sobre todo, lo que esto significa para las organizaciones increíbles que apoyamos y las mujeres, niñas y comunidades por las que velan a diario”.
Todo el dinero recaudado del evento se distribuirá entre 10 organizaciones sin ánimo de lucro. Entre ellas se encuentra Baby2Baby, que proporciona artículos esenciales como pañales, leche de fórmula, ropa y comida a niños necesitados; Black Mamas Matter Alliance, que proporciona recursos a madres negras antes, durante y después del embarazo; y el National Women’s Law Center, que lucha por la justicia de género en Estados Unidos.
Varias organizaciones beneficiarias se centran en los derechos reproductivos y el acceso a la atención médica como el Center for Reproductive Rights, Jhpiego, el Johns Hopkins Center for Indigenous Health, Planned Parenthood y el National Institute for Reproductive Health. La vocalista también se ha asociado con FreeFrom y el National Domestic Workers Alliance, que brindan apoyo a sobrevivientes de violencia basada en género y a trabajadoras domésticas, respectivamente.
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A poco más de un mes de la final del Mundial 2026, Lionel Messi anunció, por medio de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, que se retira de la Selección Argentina, con la que ganó todo lo que podía ganar a lo largo de más de 20 años llenos de momentos inolvidables, no solo para sus compatriotas, sino para los aficionados del deporte alrededor del mundo.
“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el capitán de la Albiceleste en el mensaje, que llegó después de semanas de especulación sobre su futuro en el combinado nacional tras la final perdida frente a España el pasado 19 de julio en Nueva Jersey.
“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, expresó el ocho veces ganador del Balón de Oro en una carta escrita a mano el 21 de julio, dos días después de lo que sería su último partido con la selección.
La despedida llegó acompañada de un video que resume sus años como jugador de la Albiceleste. El registro repasa algunas de las derrotas más dolorosas de su carrera, pero también recuerda sus grandes éxitos.
Messi también explicó en su carta que “queda poco” y que “se van cerrando etapas”, dejando claro que su retiro definitivo del fútbol está cada vez más cerca. Para el argentino, uno de los pasos más importantes en ese camino era despedirse de la selección que defendió durante más de dos décadas.
“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, escribió Messi para cerrar su mensaje y, con él, una de las etapas más importantes de la historia del fútbol argentino.
Con la camiseta de su país, el rosarino conquistó cuatro títulos con la selección mayor —dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de 2022—, además del Mundial Sub-20 y el oro olímpico. Pero más allá de los trofeos, su legado queda marcado por el recorrido de un futbolista que pasó de cargar con las derrotas más dolorosas a convertirse en el líder de la generación que devolvió a Argentina a lo más alto del fútbol mundial.
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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para identificar y deportar a migrantes en situación irregular. Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el mandatario estableció dos prioridades: localizar a extranjeros involucrados en delitos e identificar a quienes permanecen en el país sin haber regularizado su situación migratoria. Con la idea de “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, adopta una postura política y administrativa de gran afectación contra poblaciones especialmente vulnerables.
Por varios años, el país desarrolló mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), concebido precisamente como una herramienta de regularización y de integración social y económica. La preocupación del anuncio no radica en que el Estado ejerza controles migratorios, pues Colombia tiene la facultad de regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras. El problema está en el enfoque, pues convierte la irregularidad administrativa migratoria en el punto de partida de una política de seguridad restrictiva y con duros tintes xenofóbicos que puede terminar tratando como amenaza a una población cuya situación administrativa, en muchos casos, está relacionada precisamente con las dificultades para acceder a los mecanismos de regularización.
La Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo han advertido que persisten barreras para la regularización y el acceso a derechos de la población migrante. En una decisión de 2026, la Corte señaló que el diseño del sistema colombiano puede producir exclusión de las personas en situación irregular y que las dificultades burocráticas de regularización terminan afectando, entre otros, el acceso a la salud. La Defensoría del Pueblo ha llegado a conclusiones similares al advertir que la población migrante y refugiada venezolana enfrenta barreras para acceder a documentación, salud y empleo, además de estar expuesta a explotación laboral, violencia, discriminación y xenofobia.
No tener papeles no significa ser una amenaza
Uno de los principales problemas de la nueva política es la proximidad discursiva entre migración irregular, inseguridad y delito. El Gobierno ha insistido en que los operativos tendrán como prioridad a los extranjeros que cometan delitos y que después se ocuparán de quienes no tengan regularizada su permanencia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que las operaciones no estarán dirigidas contra quienes tengan sus documentos en regla.
Pero esa distinción no resuelve el problema de fondo. La irregularidad migratoria es una condición administrativa, no una categoría criminal. Una persona puede encontrarse en situación irregular sin haber cometido delito alguno y por razones tan diversas como no haber podido acceder a un trámite, haber perdido un documento, no cumplir un requisito administrativo o haber quedado por fuera de los mecanismos extraordinarios de regularización.
“La irregularidad migratoria es una condición administrativa, no una categoría criminal”
La relación entre regularización y derechos fundamentales como salud, educación y trabajo es muy clave. Por eso, equiparar en el discurso a quienes delinquen con quienes simplemente no han regularizado su situación puede producir una consecuencia particularmente grave y es que la condición migratoria termine funcionando como un indicador de peligrosidad. Además, los datos disponibles no respaldan esa asociación como explicación general de la inseguridad.
Diferentes investigaciones han mostrado que, a pesar de que la percepción de que la llegada de esta población había deteriorado la seguridad, los índices delictivos del país no se vieron afectados de manera significativa por esta tendencia migratoria. Por ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz señaló que no era necesario establecer medidas de control específicas sobre la población venezolana para reducir el delito, sino desarrollar una política integral de seguridad ciudadana.
Esto no significa desconocer la existencia de ciudadanos venezolanos vinculados a actividades criminales. Significa algo mucho más básico, entender que la nacionalidad o la situación migratoria de una persona no permite explicar por sí misma el fenómeno de la criminalidad en Colombia que es tan complejo y protagonizado de manera muy preponderante por los mismos colombianos.
Utilizar a una población migrante como atajo para explicar problemas estructurales de seguridad supone, además, desplazar la discusión sobre las causas reales de la violencia y el delito. Colombia tiene una larga historia de criminalidad organizada, economías ilegales, desigualdad, presencia de grupos armados y debilidades institucionales. Convertir a los migrantes en una variable explicativa de esa realidad puede terminar siendo una forma de negarla, además de que ignora que la vulnerabilidad de muchas personas migrantes por el contrario las expone a ser víctimas directas de los grupos criminales y los actores armados.
De la xenofobia a la aporofobia
La nueva directriz migratoria que intenta implementar el gobierno De La Espriella también plantea una discusión sobre el tipo de migración que Colombia considera aceptable. La filósofa Adela Cortina acuñó el concepto de aporofobia para describir el rechazo hacia las personas pobres. Su aporte resulta especialmente pertinente para analizar los discursos contemporáneos sobre migración en gran parte del mundo, donde no todos los extranjeros son rechazados de la misma manera. La condición económica, el origen étnico y racial y la posición social pueden determinar quién es considerado un migrante deseable y quién es convertido en una amenaza.
Esta mirada permite complementar el concepto de xenofobia. El rechazo no necesariamente se dirige contra cualquier persona extranjera, sino contra determinados extranjeros: quienes llegan sin recursos, quienes necesitan protección, quienes trabajan en la informalidad o quienes atraviesan condiciones de vulnerabilidad.
La historia reciente de la migración venezolana en Colombia muestra precisamente esa transformación. Durante los primeros años de la migración también llegaron personas con recursos económicos y profesionales vinculadas, entre otros sectores, a la industria petrolera. Con el agravamiento de la crisis venezolana aumentó la llegada de personas con mayores necesidades económicas y sociales. La percepción sobre la migración cambió con ella. Por eso, una política que pone el foco en quienes están en situación irregular puede terminar afectando precisamente a quienes tienen menos capacidad para sortear las barreras institucionales y quedan a merced de más peligros para su integridad.
Los peligros y barreras que enfrentan las personas migrantes y refugiadas no solo ocurren en las fronteras, sino que se reproducen dentro de las sociedades mediante mecanismos que clasifican, excluyen y condicionan el acceso a derechos. Para las personas migrantes en situación irregular, una frontera puede estar presente en un trámite, en el acceso a un empleo, en un hospital o en el temor permanente a ser detenidas y deportadas, como ahora lo quiere establecer Abelardo de La Espriella.
Una política de seguridad no debería reemplazar una política migratoria
A corte de junio de 2026, Migración Colombia registraba 2.845.791 personas provenientes de Venezuela en el país. La magnitud de esta población hace evidente que Colombia no está frente a un fenómeno coyuntural que pueda resolverse únicamente mediante operativos policiales.
Además, el país ya ha construido una arquitectura institucional para abordar esta realidad. La Corte Constitucional ha reconocido que el ETPV y el Permiso por Protección Temporal constituyeron instrumentos centrales para regularizar a la población venezolana e integrarla a la sociedad colombiana.
De hecho, organizaciones especializadas en derechos de las personas migrantes ya habían advertido que ante posibles nuevos flujos provenientes de Venezuela, Colombia debía ampliar y flexibilizar los procesos de regularización, destrabar el sistema de refugio y protección internacional y fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.
El contraste es evidente. Mientras el análisis especializado plantea que la regularización es una herramienta para reducir vulnerabilidades y favorecer la integración, el nuevo Gobierno parece colocar la irregularidad en el centro de una estrategia de control.
A esto se suma la designación de José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, como director de Migración Colombia, después del anuncio presidencial. Castañeda desarrolló buena parte de su carrera en la Policía y tuvo experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales. Su perfil plantea interrogantes sobre el enfoque que tendrá una entidad cuya labor no se limita a la seguridad, pues Migración Colombia administra procesos de ingreso, permanencia, regularización y salida del país y debe hacerlo en coordinación con una arquitectura institucional de protección de derechos.
El nombramiento adquiere mayor relevancia por el momento político en que ocurre. El Gobierno de De la Espriella ha expresado su cercanía con la política de Donald Trump y ha anunciado un enfoque de seguridad particularmente duro. El riesgo es que la migración termine incorporada a esa misma lógica de identificar un enemigo externo, asociarlo con la inseguridad y responder mediante la expulsión.
El problema no es controlar las fronteras, sino cómo se hace
Colombia tiene derecho a establecer reglas migratorias, así como a investigar y sancionar a cualquier persona que cometa delitos. Sin embargo, una condición de irregularidad administrativa por no tener acceso a los documentos que establece el país de destino no puede convertirse en sinónimo de criminalidad. La deportación no puede ser presentada como una respuesta automática a la falta de un trámite burocrático. Asimismo, la seguridad ciudadana no debería construirse sobre la estigmatización de una población completa.
El país ha acumulado más de una década de experiencia en la gestión de la migración venezolana. Esa experiencia no ha sido perfecta, pues existen fallas de implementación, barreras administrativas y personas que siguen sin acceder plenamente a mecanismos de regularización. Pero precisamente por eso el desafío debería ser fortalecer las herramientas existentes, no abandonar el enfoque de integración para reemplazarlo por uno basado principalmente en persecución y expulsión.
La paradoja política del presidente es difícil de ignorar en este momento. De La Espriella tiene tres nacionalidades (colombiana, italiana y estadounidense), ha ejercido derechos y construido parte de su trayectoria gracias a vivir en distintos países. Esa experiencia de movilidad no convierte a nadie automáticamente en defensor de la migración, pero sí hace inevitable una pregunta sobre el criterio con el que se decide quién puede cruzar fronteras, establecerse y construir una vida en otro país.
Colombia tiene derecho a gestionar sus fronteras, investigar delitos y establecer reglas migratorias. Pero una política migratoria democrática debe distinguir entre criminalidad e irregularidad administrativa. Después de más de una década de construir mecanismos de regularización e integración para la población venezolana, el giro de De la Espriella corre el riesgo de reemplazar ese enfoque por uno basado principalmente en el control, la persecución y la expulsión.
El problema no es que Colombia controle sus fronteras, sino que convierta en amenaza a quienes las cruzan en condiciones de vulnerabilidad.
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El gobierno de Rusia ha amenazado con atacar objetivos de Reino Unido si este continúa apoyando a Ucrania con tecnología y armamento militar. La advertencia se da pocos días después de que Andy Burnham, primer ministro británico, anunciara el lunes pasado que le concedería acceso a Kiev a tecnología clasificada que le permita producir sus propios misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow.
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Este jueves, la portavoz del ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, advirtió que Reino Unido y Francia “están jugando con fuego” y que las consecuencias de sus acciones en el marco del conflicto podrían ser “catastróficas”. “Hemos advertido repetidamente que cualquier base y equipamiento militar británico dentro y fuera del territorio ucraniano puede ser tomado como blanco en respuesta a los ataques que Ucrania ha ejecutado en territorio ruso utilizando armamento británico”, aseveró. Zakharova se refería a la reciente denuncia del Kremlin sobre un bombardeo a un centro comercial en la ciudad invadida de Donetsk hecho con misiles Storm Shadow.
La vocera subrayó que la “postura agresiva” de Londres, que también calificó de “terrorista”, podría agudizar la violencia, desencadenando consecuencias que escalarían el nivel de la guerra. “Proponemos que el gobierno británico, de la manera más sensata, analice la situación de nuevo y de inmediato”, dijo.
De acuerdo con el diario inglés The Guardian, luego de las recientes amenazas de Rusia, un oficial del Ministerio de Defensa de Reino Unido reiteró su apoyo al gobierno de Volodímir Zelenski. “Seguiremos del lado de Ucrania y continuaremos ofreciendo el equipamiento que necesite para defenderse de la invasión ilegal de [Vladimir] Putin. Rusia no debe tener ninguna duda respecto a nuestra determinación de oponernos a sus ataques en Ucrania y en contra del Reino Unido y nuestros aliados”, declaró.
La amenaza de Rusia a Reino Unido también ocurre en medio de las tensiones por la visita de John Ratcliffe, director de la CIA, a Moscú el pasado martes 25 de agosto. Varios medios estadounidenses como The Wall Street Journal especularon que el motivo de la reunión era persuadir al Kremlin de abandonar sus planes de atacar a estados miembros de la OTAN. Aunque dicha información continúa sin comprobarse, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, afirmó que no había “nada inusual” detrás del encuentro, pues este correspondió a una tarea de rutina. El presidente estadounidense, Donald Trump, también negó que se tratase de una visita para evitar confrontaciones entre Rusia y la OTAN.
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El papel de la tecnología en las campañas políticas es cada vez más relevante, no solo por las herramientas que ofrece para amplificar mensajes y comunicar ideas de manera ágil, sino también por la capacidad que ha adquirido para intervenir en la conversación pública, segmentar audiencias e influir en la percepción de las y los votantes. El hallazgo de una aparente “granja de bots” en inmuebles vinculados al consultor argentino de marketing político Fernando Cerimedo en Bolivia, vuelve a poner bajo la lupa el uso de estas herramientas y las estrategias digitales de las nuevas derechas latinoamericanas.
Cerimedo, de 45 años, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra e imputado por tentativa de feminicidio contra su pareja, Nadia Beller. En paralelo, la Fiscalía de La Paz inició de oficio una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al consultor fueron incautados documentos y alrededor de 43.000 dólares, además de equipos que las autoridades identificaron como una granja de bots. La defensa de Cerimedo sostiene, sin embargo, que se trata de teléfonos satelitales y módems, y no de una infraestructura destinada a automatizar cuentas en redes sociales.
Una “granja de bots” consiste en un conjunto de dispositivos y software capaces de automatizar interacciones en redes sociales: publicar contenidos, generar grandes volúmenes de interacciones o aumentar artificialmente la visibilidad de determinadas conversaciones. El hallazgo no demuestra por sí mismo para qué se utilizaban los equipos ni si fueron empleados en procesos electorales. Su relevancia está también en la trayectoria de Cerimedo y en sus vínculos con campañas y dirigentes de derecha de distintos países de la región.
El ascenso de Cerimedo entre los ultraderechistas de la región
Cerimedo es fundador del portal web La Derecha Diario y dirige una agencia de marketing político. Su nombre comenzó a adquirir notoriedad en la política regional después de las elecciones brasileñas de 2022, cuando difundió teorías sin sustento que cuestionaban el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Más recientemente, participó en transmisiones junto a Eduardo Bolsonaro en las que volvieron a plantearse dudas infundadas sobre la seguridad de las urnas electrónicas brasileñas.
Su papel más conocido, sin embargo, fue durante la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina, en 2023, cuando asesoró en estrategia digital y comunicación. El propio Cerimedo reconoció entonces contar con miles de trolls para influir en los algoritmos y modificar la relevancia de determinados temas en las plataformas. También describió como parte de su estrategia las llamadas “campañas negativas”, orientadas a difundir de manera incisiva información perjudicial sobre los candidatos rivales.
Tras su trabajo con Milei, Cerimedo llegó a Bolivia como consultor del presidente Rodrigo Paz. Su detención y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito colocan ahora sus actividades digitales y sus vínculos políticos regionales bajo un nuevo escrutinio.
Una maquinaria que disputa e influye en la conversación pública
El caso resulta relevante más allá de la investigación contra Cerimedo porque evidencia una transformación en la forma de hacer política. Las campañas contemporáneas ya no se disputan únicamente mediante publicidad, mítines o medios tradicionales. La combinación de trolls, bots, datos y segmentación permite intervenir en el entorno digital para amplificar determinados mensajes, desacreditar adversarios y modificar la percepción sobre qué temas son relevantes.
En este ecosistema también participan medios y plataformas digitales que combinan producción de contenidos, comunicación política y activismo ideológico. Javier Negre, socio de Cerimedo es señalado como una figura vinculada a sectores de la extrema derecha española y latinoamericana. Su trayectoria forma parte de un fenómeno más amplio en el que las fronteras entre medios digitales, comunicación política y activismo partidista pueden volverse cada vez más difusas.
La tecnología, en este sentido, no es únicamente una herramienta utilizada por las nuevas derechas, sino que puede convertirse también en un espacio de construcción política. Las redes sociales funcionan simultáneamente como canales de comunicación, mecanismos de amplificación y escenarios para disputar sentidos sobre la sociedad y la política.
Una de las expresiones de esta disputa es la llamada “batalla cultural”, concepto desarrollado originalmente por el filósofo y político marxista italiano Antonio Gramsci y posteriormente resignificado por distintos sectores de la derecha. En el discurso de figuras como Milei y otros referentes de las nuevas derechas latinoamericanas, esta batalla se plantea contra lo que denominan “cultura woke” o progresismo, y suele articularse alrededor de la defensa de valores tradicionales, combinados con posiciones liberales en materia económica y conservadoras frente a asuntos como los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
De acuerdo con la investigadora Mónica Beltrán, portales como La Derecha Diario han prosperado en los últimos años mediante “un lenguaje disruptivo y de barricada política”, alejado de los códigos tradicionales de la ética periodística, con el propósito de influir en la agenda pública y el debate social.
Los medios, los datos y la persuasión
En este contexto, el uso de grandes volúmenes digitales, muchas veces recolectados sin el consentimiento de los usuarios de las redes sociales, permite una personalización cada vez mayor de los mensajes políticos y de las audiencias a las que se dirigen. La segmentación de audiencias y el análisis de los comportamientos digitales hacen posible diseñar contenidos específicos para distintos perfiles y aprovechar sesgos cognitivos con el propósito de influir en las decisiones de los votantes.
El antecedente de Cambridge Analytica, revelado en 2018, es el más sonado ejemplo que mostró hasta dónde puede llegar este modelo y cómo fue clave para fenómenos electorales como el primer triunfo de Donald Trump en EEUU y la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el Brexit. En ese momento, la empresa aseguró disponer de miles de datos sobre los votantes y utilizarlos para construir perfiles de personalidad para dirigir mensajes con interes políticos.
Este nuevo caso de posibles vínculos entre tecnologías masivas de influencia en las redes sociales y la política no queda entonces solamente vinculado a la existencia de cuentas automatizadas, sino en la creciente capacidad de convertir los datos personales y el comportamiento digital en herramientas de persuasión política.
Por ahora, el hallazgo de los equipos en Bolivia corresponde a una línea de investigación, mas no una prueba de manipulación electoral. Sin embargo, la trayectoria de Cerimedo conecta el episodio con una tendencia regional que merece mayor escrutinio, pues la construcción de redes digitales automatizadas y masivas para intervenir en la conversación pública se ha convertido en un componente cada vez más relevante de las estrategias de las nuevas derechas.
El desafío que esto plantea supera los campos de la comunicación o de las redes sociales, y se traslada al debate democrático, que requiere ciudadanías libres e informadas, no manipuladas, para encontrar liderazgos políticos idóneos.
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FIN
Bodegas digitales en LATAM – Galería
1. Una minigranja de bots pone bajo la lupa a las nuevas derechas latinoamericanas
El hallazgo ocurrió en Bolivia durante allanamientos de propiedades vinculadas al consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor de figuras de la derecha regional e investigado por tentativa de feminicidio.
2 ¿Qué encontraron?
En el allanamiento se encontraron equipos que la Fiscalía boliviana identificó como una “minigranja de bots”, además de documentos y unos 43.000 dólares.
La defensa de Cerimedo sostiene que eran teléfonos satelitales y módems. Resta investigar para qué se utilizaban los equipos.
3. ¿Qué es una granja de bots?
Es una maquinaria para amplificar mensajes digitales. Con un conjunto de dispositivos y software se pueden automatizar interacciones en redes sociales digitales para:
-Publicar contenidos masivamente
-Generar interacciones artificiales
-Aumentar la visibilidad de determinados mensajes
-Influir en qué conversaciones parecen relevantes y capturar la atención de públicos focalizados.
4. ¿Quién es Fernando Cerimedo?
Un asesor de marketing político con conexiones regionales. Cerimedo es fundador del portal web La Derecha Diario. Allí ha sido socio del periodista español de ultraderecha Javier Negre (cercano al presidente colombiano Abelardo de La Espriella). En dupla han participado en estrategias digitales de figuras de la nueva derecha. Cerimedo ha trabajado activamente con:
Javier Milei. Le asesoró su campaña presidencial de 2023.
Jair Bolsonaro. Difundió cuestionamientos sin sustento sobre el triunfo de Lula y volvió a poner en duda las urnas electrónicas junto a Eduardo Bolsonaro.
Rodrigo Paz. Posteriormente se convirtió en consultor del actual presidente boliviano.
5. Trolls, bots y “campañas negativas”
La disputa política también ocurre en los algoritmos. Durante la campaña de Milei, Cerimedo reconoció tener miles de trolls para influir en los algoritmos y modificar la relevancia de determinados temas.
También defendió las llamadas “campañas negativas”, que difunden de manera incisiva información perjudicial sobre los candidatos rivales.
6. El problema va más allá de los bots
Datos, algoritmos y segmentación.
Las estrategias digitales permiten combinar grandes volúmenes de datos con segmentación para dirigir mensajes específicos a distintos grupos de votantes.
El antecedente de Cambridge Analytica mostró el potencial de este modelo al utilizar datos personales para construir perfiles y dirigir mensajes políticos personalizados que influyan en los votantes.
7. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo para la política en la región?
Por ahora es una línea de investigación que abre preguntas muy relevantes.
Si bien el hallazgo en Bolivia no prueba que Cerimedo haya utilizado los equipos para manipular elecciones, su trayectoria y declaraciones conectan el caso con una tendencia regional donde las nuevas derechas han incorporado cada vez más las operaciones digitales a sus estrategias políticas.
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8. El desafío democrático
La pregunta aquí ya no solo se queda en quién publica un mensaje, sino qué infraestructura digital puede estar detrás de su aparente popularidad y cómo este poder se está usando para moldear las decisiones de la ciudadanía.
¿Qué tanto de lo que ves en tus redes es “orgánico”?
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Últimas noticias desde Nueva Zelanda, el primer ministro, Christopher Luxon, declaró el lunes pasado que su partido conservador, New Zealand National Party, presentará un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales para niños menores a los 16 años de edad, reporta Reuters.
La propuesta requiere que las plataformas de redes verifiquen la edad de sus usuarios utilizando información ya disponible como los datos de las cuentas, tecnología de reconocimiento facial y la identidad digital de documentos. El incumplimiento de esta posible ley podría traer multas que ascienden el 10% de las ganancias de las compañías responsables de la infracción.
A pesar de la proliferación de prohibiciones similares a nivel mundial, aún se desconoce si esta ley será aprobada, considerando que se necesita pasar por el parlamento, el cual presenta diferentes posiciones, en especial del New Zealand First Party, aliado del gobierno, el cual declaró que no apoyará la proposición.
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Vieja estrategia, nuevo intento, dudosa efectividad
En los últimos años, se han reportado múltiples intentos por regular y limitar el acceso de niños y preadolescentes a la web en instituciones como colegios a lo largo y ancho del mundo. Esfuerzos desde el poder público se han evidenciado más que todo en Europa. Por ejemplo, el acta de seguridad virtual [Online Safety Act] del Reino Unido que establece que desde el 25 de julio de 2025, las plataformas de redes sociales tienen el deber legal de proteger a niños en línea para prevenir el acceso a contenido dañino que promueva: el matoneo, el odio, prácticas peligrosas o el ingerir sustancias dañinas. El anterior primer ministro, Keir Starmer, dijo el pasado 15 de junio que el gobierno planea prohibir las redes de menores de 16 años a inicios del 2027.
Australia pasó la primera ley en el mundo que prohíbe el uso de estas plataformas a nivel nacional desde el 10 de diciembre de 2025, aunque, el sitio web oficial del comisionado de eSafety clarifica que no es una prohibición, es una estrategia para retrasar la creación de usuarios.
Dicha medida establece que las compañías son responsables de prohibir a los niños de crear o conservar cuentas existentes en Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick y Reddit. Excluye los servicios de mensajeo y chat de voz de videojuegos, sin embargo, incluye los servicios similares a los que se encuentran en las redes mencionadas pueden ser sujetas a la ley. La multa por incumplimiento puede llegar a los USD $34.9 millones.
Ambos intentos han sido criticados por múltiples organizaciones no gubernamentales como Amnesty International que argumentó que es “el diagnóstico correcto, pero el remedio incorrecto”. Kerry Moscogiuri, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Reino Unido, añadió que “El problema no radica en la existencia de los niños en las redes sociales, sino en que las empresas han diseñado sitios inseguros. Prohibir el acceso a menores de 16 años culpa a los niños en lugar de abordar el problema de las empresas y los sistemas que generan esos riesgos”.
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En el caso australiano, Al Jazeera reporta que un estudio independiente encontró que más de 80% de jóvenes usan estas tecnologías, además informó que, a pesar de las cifras, los gobiernos de Dinamarca, Malasia y Grecia buscan implementar normas similares en los meses siguientes.
El debate continúa en cuanto a las medidas necesarias para proteger a los niños en redes. Por ejemplo, el esfuerzo que lleva realizando la Unión Europea para la regulación y veeduría de las prácticas de dichas compañías ha continuado desde el 2024 y vela por un internet que priorice la seguridad de los niños en vez de solo velar por una exclusión masiva por medio de multas.
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Por segundo año consecutivo, Países Bajos no participará en Eurovisión al no considerar que existan garantías del “carácter independiente y neutral” del certamen musical. Este es el primer país en reafirmar su posición de los cinco que el año pasado renunciaron a su participación en Viena 2026. Ahora, queda esperar si España, Irlanda, Islandia y Eslovenia siguen el mismo camino.
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La radiotelevisión pública neerlandesa, AVROTROS, anunció la decisión este lunes mediante un comunicado en el que explicó que el Festival de la Canción no puede ser considerado neutral por la continua presencia de Israel: “AVROTROS no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2027 puesto que el evento ya no puede ser considerado neutral debido a la participación de un país que aún continúa involucrado en un conflicto militar a gran escala. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio están teniendo un impacto significativo en el certamen y han ocasionado divisiones profundas”.
Desde finales de 2023, exconcursantes y seguidores del evento han protestado en contra de la participación de Israel por el genocidio que se continúa cometiendo en territorio palestino. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha respondido que el concurso tiene carácter “apolítico”, no obstante, se le ha criticado su incoherencia pues Rusia se encuentra vetada desde 2022 a causa de la invasión a Ucrania.
En el comunicado compartido este lunes, la asociación neerlandesa reiteró que a lo largo del último año ha exigido a la UER “establecer reglas transparentes respecto a la participación de países involucrados en conflictos militares”. “Sin embargo, los recientes cambios anunciados por la organización no ofrecen la suficiente garantía de que el carácter independiente y neutral del Festival de la Canción de Eurovisión haya sido restaurado”, continuó. “Por consiguiente, la participación en el certamen no se alinea con los valores de AVROTROS: confianza, independencia y humanidad”.
La AVROTROS sostuvo que la falta de respuesta de la organización frente a la crisis humanitaria en Gaza y las violaciones a la libertad de expresión han opacado al concurso en los últimos años, situación que desencadenó la salida de Países Bajos, España, Eslovenia, Irlanda e Islandia en su edición de 2026. Asimismo, añadió que exganadores y exparticipantes de ediciones anteriores han devuelto sus reconocimientos y/o han firmado cartas para pedir el veto a Israel. “Esto refleja la necesidad de una normativa clara que determine la participación de países involucrados en conflictos militares”, se lee. “¿Bajo qué circunstancias dicha participación es compatible con el Festival de la Canción de Eurovisión y cuándo no lo es? Para AVROTROS, no es claro bajo qué criterios la UER hace esa determinación”.
Por su parte, el director general de la radiotelevisión pública neerlandesa, Taco Zimmerman, lamentó que la premisa de unión con la que se originó el certamen a mediados del siglo pasado se esté perdiendo. “Es claro que los conflictos internacionales están afectando el Festival, socavando su carácter neutral”, manifestó. “Eurovisión se ha convertido en una plataforma para la división”.
El anuncio de Países Bajos llega tan solo unos días después de que la UER diera a conocer una serie de cambios en las reglas del Festival de la Canción y el retiro de Moroccanoil como patrocinador principal. A inicios de agosto, la organización anunció que a partir de Burgas 2027 eliminará la garantía de que el país ganador sea el anfitrión de la subsecuente edición si este tiene un conflicto geopolítico activo. Por esos mismos días, reveló que ya no se renovaría el contrato con la compañía israelí que fungió como patrocinadora durante seis años.
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No es un secreto que la inteligencia artificial está ganando cada vez más terreno en la industria del entretenimiento. Desde el cine hasta la música, su incorporación ha generado un intenso debate en torno a sus alcances y consecuencias. Mientras algunos la consideran una herramienta capaz de potenciar la creatividad humana, otros la perciben como una amenaza para el desarrollo de las capacidades de la mente.
En la música, esta discusión ha cobrado especial fuerza a medida que aumenta el uso de la IA en los procesos de creación y producción. Un estudio realizado por SubmitHub detectó la presencia de inteligencia artificial en el 40% de los lanzamientos musicales registrados durante julio de 2026. La cifra resulta especialmente significativa si se considera que el análisis abarcó cerca de un millón de canciones. Del total, el 23,2% fue creado íntegramente con IA, mientras que otro 15,3% incorporó audio generado mediante esta tecnología que posteriormente fue “modificado o procesado” por humanos.
Este estudio fue realizado por SH Labs, la división tecnológica de SubmitHub. Según la plataforma, su sistema de detección de música generada con IA ha alcanzado una precisión líder en el sector durante pruebas de referencia oficiales y actualmente es utilizado por plataformas musicales, distribuidores y titulares de derechos en todo el mundo.
“Creo que el camino a seguir para la música generada por IA es la transparencia. La gente debería poder decidir por sí misma si quiere interactuar con la música generada por IA. Nuestro trabajo consiste en darles suficiente información para que puedan tomar esa decisión”, explicó Jason Grishkoff, fundador de SubmitHub.
Su API permite detectar y etiquetar automáticamente contenido generado con IA, facilitando el cumplimiento de los requisitos más recientes de plataformas como Spotify. Al mismo tiempo, busca proteger la reputación de los artistas y garantizar la vigencia de sus catálogos a largo plazo.
La herramienta combina rapidez y experiencia para ofrecer resultados sin alterar el flujo de trabajo. Cada análisis tarda alrededor de cinco segundos en promedio, lo que permite obtener una respuesta prácticamente inmediata. Además, cuenta con el respaldo del creador de SubmitHub y recibe actualizaciones frecuentes para adaptarse a las nuevas plataformas y tecnologías de inteligencia artificial.
Además de SubmitHub, otras plataformas y organizaciones ya han comenzado a implementar sistemas para detectar contenido generado con inteligencia artificial, entre ellas Bandcamp, GEMA y Traxsource. Bandcamp, por ejemplo, adoptó una postura más estricta al anunciar que retiraría cualquier lanzamiento musical bajo sospecha de haber sido creado con IA. Semanas después, Beatport tomó una medida similar.
Spotify también se ha pronunciado sobre el creciente uso de IA en la música, después de meses de controversia en torno a esta tecnología. Como parte de sus nuevas medidas, la plataforma comenzó a etiquetar a los artistas y las canciones creadas con inteligencia artificial. Además, este contenido quedará fuera de algunas de las recomendaciones generadas por su algoritmo, en un intento por combatir los perfiles falsos y la música ilegítima, así como reforzar sus estándares de calidad.
La controversia ha generado preocupación tanto entre los artistas como entre los propios oyentes. Entre las principales problemáticas se encuentra la publicación de canciones generadas mediante inteligencia artificial en los perfiles de músicos fallecidos, sin la autorización de sus familiares ni de las compañías discográficas que poseen los derechos sobre su obra. Uno de estos casos involucró a Blaze Foley, quien falleció en 1989.
También encontramos la dificultad para distinguir entre música creada por humanos y aquella generada con IA que también ha quedado expuesta en distintos estudios. En 2025, Deezer e Ipsos realizaron una investigación que reveló que el 97% de los participantes no pudo identificar correctamente la música generada artificialmente. Para llegar a este resultado, ambas empresas encuestaron a 9.000 personas de ocho países, quienes escucharon tres canciones y tuvieron que determinar cuál había sido creada íntegramente con IA. El 52% de los participantes, además, aseguró haberse sentido engañado al descubrir que no había identificado correctamente la canción generada por la tecnología.
“Los resultados de la encuesta deja claro que a la gente le importa la música y que quiere saber si las canciones que escucha fueron creadas por humanos o mediante IA”, afirmó en aquel momento Alexis Lanternier, CEO de Deezer. También señaló que existe una preocupación creciente por el impacto que esta tecnología podría tener en el sustento de los artistas y en el proceso creativo, así como por el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Ante este panorama, varios artistas han expresado públicamente su rechazo al uso de IA en la música. Entre ellos se encuentran Bad Bunny, Billie Eilish, Pearl Jam, Stevie Wonder y Elvis Costello. Sin embargo, la postura no es unánime: otros músicos, como Luke Steele, de Empire Of The Sun, y Tyga, han reconocido que recurren a esta tecnología como parte de sus procesos creativos.
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