Al admitir la acusación del Ministerio Público, un tribunal de San Cristóbal condenó a 12 años de prisión a un hombre que provocó la muerte a un comerciante en el año 2024.
Luis Rafael Díaz Mora (Blicho) fue condenado por la muerte de Juan Guerrero en un negocio donde laboraba, el cual operaba en la calle Padre Ayala, esquina Mella, de San Cristóbal.
Guerrero y otro empleado del colmado se disponían a cerrar el negocio alrededor de las 11:55 de la noche, del 9 de marzo de 2024, cuando Díaz Mora se presentó al lugar y pidió que le despacharan productos comestibles.
El ahora condenado disparó en el rostro a Guerrero luego de que se molestara porque la víctima le indicó que le realizara el pago de los productos porque iba a cerrar el local.
El proyectil ingresó por el ojo izquierdo de la víctima, con salida en región occipital, provocándole anoxia cerebral por herida de arma de fuego, conforme el acta de levantamiento de cadáver.
El procesado también hirió en el brazo derecho a una mujer que también se encontraba en el negocio.
Luego de cometer el crimen el victimario y otros hombres involucrados en la acción delictiva, identificados como Manolo, Rical y Jaime Díaz Doñe, huyeron del lugar en varios vehículos en los que se transportaban.
El procesado utilizó una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9mm, serie NCU3143, que portaba de manera ilegal.
Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad del local comercial, así como también de otros comercios y residencias aledañas, y por las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 56, 295, 304 y 309 del Código Penal dominicano y de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-2016, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Juana Francisca Montás y del fiscalizador Jairo Medrano. Durante el proceso el fiscal litigante Eduardo Velásquez Muñoz demostró con distintas pruebas cómo ocurrieron los hechos.
Los jueces Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Loida Amador ordenaron el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
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